FEDEAGRO | 6 ABR 2026
Fedeagro alerta que la escalada de violencia en zonas rurales de Guárico pone en riesgo la permanencia de productores, trabajadores y familias en el campo, y podría extenderse a otras regiones agrícolas del país.
La inseguridad en las zonas rurales del estado Guárico empieza a convertirse en una amenaza constante contra quienes sostienen la producción agrícola en esa región del país. Los secuestros, asesinatos, extorsiones y ataques a unidades de producción son un escenario que, según advierte la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro), podría provocar el abandono progresivo del campo.
El secuestro de un agricultor de 54 años, en la finca El Drago, en el municipio Juan José Rondón, volvió a prender las alarmas. Y el temor no solo recae sobre los productores. También alcanza a sus familias y trabajadores, quienes enfrentan el riesgo de permanecer en espacios donde la violencia ha ido ganando terreno.
“No serían solamente las familias y los productores los que abandonen el sitio de producción, sino que los mismos trabajadores se sienten preocupados de que su integridad física pueda ser afectada”, advirtió Osman Quero Pérez, presidente de Fedeagro.
Desde el gremio agrícola denuncian que la situación en los llanos centrales, especialmente en Guárico, se ha deteriorado de forma alarmante desde comienzos de febrero de 2026, cuando comenzaron a hacerse públicos los ataques contra los productores y sus unidades.
Para Fedeagro, el asesinato del productor Ricardo González Rojas, de 65 años, ya había evidenciado lo critica que es la situación. Su cuerpo fue hallado el 5 de febrero a orillas de la carretera Chaguaramas–Memo, en el sector Samanito.
A este hecho se sumaron otros episodios que dejan ver que no se trata de casos aislados, sino de una violencia en aumento. La madrugada del 27 de marzo, un grupo armado irrumpió en la finca El Drago, en el municipio Juan José Rondón, y secuestró al productor de 54 años. Los captores exigieron inicialmente 120.000 dólares por su liberación.
Tras negociaciones y el presunto pago de 30.000 dólares, la víctima fue liberada un día después, con una herida de bala en una pierna.
La violencia no se limita a secuestros o robos
El pasado 6 de marzo, la unidad de producción del agricultor Rafael Silveira fue incendiada en su totalidad. En el lugar se encontraban tractores, cosechadoras, semillas y productos esenciales para la actividad agrícola. Hasta ahora, no hay información oficial sobre responsables ni avances en la investigación.
Para el sector, estos hechos no solo dejan pérdidas materiales, sino también una profunda huella psicológica en las víctimas y en las comunidades rurales. “Es una situación que parece haberse salido de control”, insistió Quero, al destacar que muchos productores viven en sus fincas junto a sus familias y trabajadores, hoy expuestos a la violencia.
Ante la gravedad de la situación, Fedeagro solicitó reuniones con el Ministerio de Interior, Justicia y Paz y con la Fiscalía General, en busca de acciones concretas. Sin embargo, aseguran que la respuesta institucional ha sido limitada.
“Cada una de las víctimas ha hecho sus denuncias. Enviamos comunicaciones a la Fiscalía hace semanas y aún esperamos respuesta”, señaló el dirigente gremial.
Quero también advirtió sobre el riesgo de que estos hechos delictivos se extiendan a otras regiones agrícolas del país, acentuando las dificultades que ya enfrenta el sector.
Con información de: elpitazo.net
