Banca y Negocios Julio 13, 2020
El sector agropecuario fue el primero en ser objeto de las políticas hiperestatistas que caracterizaron, desde 1999, la construcción del proyecto socialista bolivariano. La primera y polémica Ley de Tierras tenía, al menos, dos objetivos fundamentales: introducir un esquema de planificación centralizada en la producción de alimentos y uso de la tierra, así como regular el ejercicio del derecho a la propiedad privada en el campo.
A lo largo de estas dos décadas, ambos objetivos se han cumplido en un alto grado, con consecuencias muy graves y difíciles de superar. La primera es una reducción de dimensiones históricas de la producción primaria de alimentos. En los 20 años transcurridos entre 1997 y 2017 (año cuando terminan las cifras reportadas por Fedeagro, gracias a estimaciones de la FAO, porque el gobierno no ofrece data de producción desde 2015), la producción cayó en volumen 25,86%.
En ese mismo período, la superficie cultivada disminuyó 33,49% y hubo estancamiento de los rendimientos promedio por hectárea, contrayéndose, en términos generales, 2%. Hay que decir que estos datos se corresponden con un período en el que no había transcurrido la recesión más profunda y prolongada de la historia contemporánea del país, ni había comenzado el impacto de la hiperinflación que, en noviembre próximo, cumplirá tres años como azote de la economía nacional.
Estimaciones que ha podido reunir Aristimuño Herrera & Asociados indican que los niveles de producción actuales son entre 65% y 70% inferiores a los de 1997 y la superficie cultivada ha bajado en alrededor de 60%. Es evidente que la destrucción de la producción primaria se está acelerando.
Aparte de la política erosiva de los derechos de propiedad, que incidió en un desestímulo dramático de la inversión, sobre todo con el episodio de la expropiación de AgroIsleña, una empresa de suministro de insumos y financiamiento que cumplía un rol relevante en el equilibrio financiero de muchos productores, el deterioro generalizado la economía, en general, ha debilitado toda la infraestructura de soporte para la producción de alimentos, al punto de que se referencia un antes y un después de AgroIsleña, en el campo venezolano.
Para que se tenga una idea del papel que significaba esta compañía –y entender por qué había que expropiarla- basta decir que en 2010 “Agroisleña había apoyado a 18.000 productores con fertilizantes, herbicidas, semillas, maquinarias, asesoramiento técnico; y además llevaba a cabo un plan de financiamiento a 3.000 agricultores que estaban cosechando 800.000 toneladas de maíz”, según Cedice.
Hoy, los productores y procesadores de alimentos no cuentan con agroquímicos, fertilizantes, combustibles, maquinarias, equipos y servicios mínimos indispensables para realizar su labor, la cual es de muy alto riesgo económico-financiero.
En la coyuntura, se añade la libre importación con aranceles cero que coloca a la industria procesadora de alimentos y a la agroindustria en desventaja frente a productos finales importados.
Y no es que el sector esté en desacuerdo con la competencia internacional, pero piden igualdad de condiciones. Por ejemplo, los productos importados no requieren permiso sanitario, pero a los nacionales se les exige este y otros requisitos. Un buen ejemplo, es el de la carne, que puede ser importada por actores no vinculados a la industria de alimentos, en condiciones absolutamente relajadas, con peligro potencial para los consumidores.
Tampoco la producción primaria y la industria de alimentos cuentan con un apoyo crediticio sólido, por los problemas de contracción artificialmente generada de la liquidez bancaria, a pesar que el sector cuenta con un segmento obligatorio de lo que ahora es la cartera única productiva nacional.
Es indispensable que se produzca un cambio radical que permita la recuperación y aprovechamiento efectivo del potencial agropecuario e industrial que tiene el país, para que se genere un flujo de exportaciones que permita dar sustentabilidad a la producción de alimentos.
