Visión Agropecuaria/8-2-2022
El gigante alemán Bayer ha aceptado un acuerdo para pagar 10.900 millones de dólares y terminar con decenas de miles de demandas que le acechan en Estados Unidos por casos de cáncer provocados supuestamente por uno de sus pesticidas. La compañía estima que el acuerdo afecta al 75% de los actuales demandantes, que calcula en unos 125.000, y el 95% de aquellos que iban a llegar a juicio. El caso contra el herbicida Roundup ha pasado en solo dos años de ser una anécdota en un juzgado de San Francisco a un acuerdo milmillonario para acabar con un embrollo legal que amenazaba la valoración en bolsa a largo plazo de Bayer.
El glifosato fue desarrollado por Monsanto en los años 70. No existen pruebas definitivas de que el glifosato provoque cáncer. Los reguladores de Estados Unidos y Europa consideran que el producto es seguro tal como está etiquetado. Sin embargo, en 2015 el organismo de la OMS de investigación sobre el cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) que era “probablemente cancerígeno”. El organismo, dependiente de la Organización Mundial de la Salud, reconocía que hay “pocas pruebas” de la relación con el linfoma no-Hodgkins en humanos, pero consideraba suficientes los estudios hechos con animales como para establecer esa probabilidad. Los jurados que han condenado a Monsanto lo han hecho sobre el convencimiento de que la empresa ocultó el peligro del producto, aunque no esté del todo probada su relación directa con el cáncer.
El acuerdo se divide en dos partes. Entre 8.800 y 9.600 millones son para indemnizar a casos que están en activo y otros 1.250 son para potenciales nuevos casos. En un comunicado citado por Reuters, la compañía asegura que como parte del acuerdo no tiene que poner en la etiqueta de Roundup que sea cancerígeno. El mediador judicial, Kenneth Feinberg, afirmó a Reuters que quedan fuera del acuerdo unos 25.000 casos, pero que espera que se integren en los próximos meses. Según Feinberg, el acuerdo asegura que no habrá nuevos juicios y que todos los abogados principales han suscrito el acuerdo.
“Bayer ha decidido sabiamente llegar a un acuerdo para acabar con el litigio antes que jugársela en los tribunales de Estados Unidos”, dijo Feinberg este miércoles, citado por Reuters. En el acuerdo hay hasta 25 firmas de abogados distintas. A pesar de las cifras del acuerdo, no hay seguridad total de que sea definitivo mientras no entren en el mismo los miles de casos que se calcula que han quedado fuera.
La primera sentencia a favor de un demandante fue la de Dewayne Johnson, un jardinero que utilizó durante años el herbicida en su trabajo de jardinero a las afueras de San Francisco, California. A Johnson le fue diagnosticado un linfoma no-Hodgkins. El 10 de agosto de 2018, una juez condenó a Monsanto a pagarle 289 millones de dólares, una cantidad descomunal para este tipo de juicio. El jurado consideró que la relación entre el glifosato y el cáncer estaba probada y que además la empresa había conspirado para ocultarlo. Aquella indemnización fue rebajada finalmente a 78 millones, pero abrió la puerta a decenas de casos, que luego fueron miles.
En marzo del año pasado, un segundo jurado llegó a la misma conclusión en el caso de Edwin Hardeman, de 70 años, otro vecino de San Francisco con linfoma no-Hodgkins que atribuía al uso continuado de Roundup. Por entonces, había 11.000 demandas por todo el país. En mayo, otro jurado volvió a poner a Monsanto contra las cuerdas al dictar una indemnización de 2.000 millones de dólares para una pareja que utilizó Roundup durante décadas en su jardín y, a los 70 años, padecían linfoma no-Hodgkins.
La empresa siguió manteniendo que su producto estaba correctamente etiquetado, pero para entonces ya era evidente que los jurados estaban dispuestos a creer a los demandantes y que el glifosato era un problema legal mucho mayor de lo que Bayer había previsto. El acuerdo anunciado este miércoles incluye la creación de un panel de expertos que debe llegar a una conclusión sobre la relación entre el glifosato y el linfoma no-Hodgkins. Las partes adaptarán sus argumentos a esa decisión.
Aquella decisión del IARC que ponía en duda la seguridad del glifosato “lo cambió todo”, según reconocía en una entrevista con EL PAÍS en Los Ángeles el año pasado el abogado Brent Weisner, abogado principal de Johnson contra Monsanto. La firma para la que trabaja tenía más de 1.600 clientes que atribuyen su cáncer al herbicida. Weisner argumentó en sus casos que los reguladores nacionales están al servicio de las compañías y no les interesa decir la verdad sobre los riesgos del glifosato. En aquella entrevista, Weisner abogaba por un acuerdo judicial, ya que las demandas podían ser infinitas. “El periodo de latencia del linfoma no-Hosgkins es de 20 años”, decía en mayo de 2019. “Faltan 20 años de gente que podría estar afectada y que aún no ha desarrollado el cáncer. No sabemos aún la extensión de esto”.
El acuerdo “debería permitir que nuestros clientes pasen página”, dijo en un comunicado el miércoles la firma de Weisner, Baum Hedlum, que ha formado parte de las acusaciones en los tres casos resueltos hasta ahora y presentó la primera demanda en 2016. “Las cifras definitivas aún tienen que ser fijadas, y cada uno de nuestros clientes recibirá una oferta basada en los hechos de su caso. Mientras, por el momento este es un día importante e histórico en la lucha por proteger a los consumidores de pesticidas dañinos”. Para la firma de abogados, “este capítulo de la litigación del glifosato ha terminado”.
La empresa alemana heredó el problema cuando absorbió Monsanto en el verano de 2018 por 63.000 millones de euros. La operación se completó apenas semanas antes del veredicto de Johnson. La empresa mantenía que el Roundup era seguro y que las demandas que por entonces ya estaban presentadas no suponían un riesgo. Poco después, decidió eliminar la marca Monsanto porque el nombre estaba tan desprestigiado que era dañino comercialmente. Cada una de las tres sentencias contra Monsanto han supuesto un duro golpe para la valoración de las acciones de Bayer. En el último año, la compañía ha visto desaparecer el 40% de su valor en bolsa y los accionistas han censurado la actitud de la empresa en el caso de Monsanto.